Esta cobertura tiene su origen en la idea de ayudar al asegurado cuando le es impuesta una multa de tráfico y no desea pagarla, bien porque dicha multa sea injusta, o bien a través de las artimañas legales que el ordenamiento jurídico nos ofrece.

El único camino posible para poder evitar pagar una multa una vez que se ha impuesto por la Autoridad es el del RECURSO, es decir, realizar mediante un escrito las alegaciones u objeciones a dicha multa que se estimen oportunas.

Antes de entrar en el fondo de esta cobertura, cabe aclarar cuales son las etapas que, a grandes rasgos, se sigue cuando es impuesta una sanción de Tráfico.

1.- Procedimiento Administrativo

En este proceso, en primer lugar la Autoridad impone al usuario una sanción, y acto seguido, y a través de diferentes RECURSOS, dicho usuario alegará lo que estime oportuno para intentar que dicha sanción se vea revocada.

Al final, la misma Autoridad que impuso la sanción, será la que dicte la sentencia FIRME, bien ratificado la sanción original, o revocándola.

Es decir, a priori, es de suponer que es un procedimiento injusto, ya que el árbitro de la contienda forma parte de la acción acusadora.

2.- Procedimiento Judicial

Una vez que la Autoridad Administrativa ha dictado sentencia en FIRME por la cual se ratifica una sanción, existen dos opciones, o bien pagar, o acudir a la Autoridad Judicial en defensa de los derechos de cada uno.

Es decir, acudir a los Tribunales de Justicia. El tipo de juicio que se llevará a efecto se denomina Contencioso-Administrativo, y será preciso la contratación de Abogado y Procurador (por cuenta del usuario).

Debido al alto costo de estos procedimientos en relación a la cuantía de las multas de tráfico, se puede decir que el 99% de las sanciones nunca se resuelven en los Tribunales de Justicia.

Y este hecho es bien sabido por la Administración, de tal manera que en la mayoría de las multas, tenga o no razón el usuario, al final pagará, puesto que no va a acudir a los Tribunales de Justicia. Hay que tener en cuenta que, aunque el usuario gane, las costas de abogado y procurador puede que sean a su cargo, ya que en la sentencia que dictamine el juez diga que cada parte se hace responsable de sus gastos.

Una vez que la sanción impuesta es FIRME en el Procedimiento Administrativo, y el sancionado no acude a los Juzgados, o bien, recurriendo a dichos Juzgados la sentencia es FIRME en su contra, tiene la obligación ineludible de PAGAR.

Pero la cuestión es ¿y si no se paga?

En este caso, la Administración como acreedor de una deuda impagada, se dota de las "armas" legales que la Ley le permite para poder cobrar la deuda que el deudor tiene contraída con ella. Y dicha arma legal no es otra que lo que se denomina VÍA DE APREMIO, que, en sí misma, es la formalización de un expediente con el objetivo de cobrar, sea como sea, la sanción impuesta, y cuyo resultado final será el de embargar al sancionado algún bien para cobrar la deuda.

Ahora bien, desde que se inicia el expediente de Vía de Apremio hasta que se finaliza, la Ley otorga al deudor algún que otro mecanismo de defensa: se trata de la posibilidad de plantear RECURSOS.

Al contratar esta cobertura el usuario se asegura que su compañía confeccionará los escritos precisos para recurrir las multas de tráfico que le puedan ser impuestas por la Autoridad como consecuencia de la circulación con su motocicleta, es decir, ante las sanciones previstas en la normativa vigente referidas a la conducción.

Dichos recursos consisten en unos escritos en los que se alegan las circunstancias que el usuario estime convenientes para conseguir su objetivo final: revocar la sanción impuesta.

Las cuestiones claves en esta cobertura son:

1. ¿Límite de dinero o tipo de multas?

2. ¿En todos los procedimientos?

3. Lo que no cubre

4. Otras cuestiones (correos, fianzas)

1. ¿Límite de dinero o tipo de multas?

Si bien algunas compañías realizan todo tipo de recursos frente a todo tipo de multas, es también habitual encontrar compañías que NO hacen recursos ante determinados tipos, que en la práctica son las más habituales, como por ejemplo:

• Multas por alcohol

• Multas de aparcamiento / estacionamiento

• Multas cuyo importe sea inferior a 90 euros.

Es decir, las compañías de seguros saben cuales son los tipos de multas que más asiduamente se producen, y por tanto, aquellas que le van a producir mas volumen de trabajo, y como consecuencia, mayor personal a contratar. Por ello, para evitarlo, simplemente las eliminan.

2. ¿En todos los procedimientos?

Como se ha indicado anteriormente, los recursos que puede plantear el usuario son en tres procedimientos (Administrativo, Judicial y recaudatorio).

Ninguna compañía de seguros cubre la vía Judicial, es decir, el recurso de tipo Contencioso-Administrativo, puesto que los gastos en Abogado, Procurador y costas del Juicio son muy elevados en proporción al importe de la multa.

Sin embargo, si todas las compañías que ofrecen esta cobertura realizan los recursos en el Procedimiento Administrativo, NO todas abarcan al Procedimiento recaudador, es decir, que NO realizan los recursos que la normativa permite en la Vía de Apremio.

3. Lo que no cubre

Si bien las compañías ayudan a "quitar" la sanción, puede ocurrir que por mucho recurso que se interponga, no surta efecto y al final la sanción sea firme y se tenga que pagar, y esto no lo hará la compañía, sino la persona sancionada. Es decir, que el pago de multas corresponde siempre al usuario, así como los recargos legales e intereses de demora que se puedan producir.

Así mismo, no cubren las compañías las posibles fianzas, depósitos o avales que pueda imponer la Administración.

Por último, tampoco cubren las compañías los gastos derivados de los envíos por correo, fax u otros medios para notificar a la Administración los recursos.

Esta cobertura puede resultar aconsejable para personas que utilizan el motocicleta con mucha asiduidad (mas probabilidad de cometer una imprudencia sancionable), pero sobre todo, para aquellas personas que saben que "sobrepasan los límites" mas de la cuenta (velocidad excesiva, aparcamientos indebidos, etc, etc).

Su precio no suele ser excesivo, y cuesta aproximadamente como contratar la defensa jurídica de la motocicleta.

Por todo ello, no tiene precisamente una buena relación calidad/precio, ya que lo que se obtiene, en relación con lo que hay que pagar no es mucho. Además, hay que recordar que el plantear un recurso no es garantía de éxito, y puede que al final haya que pagar de todas formas.

Además, hay que fijarse en la letra pequeña para conocer el alcance de todos los derechos, y que se ajusten a las necesidades creadas en relación a las imprudencias sancionables que mayormente cometemos.

Se podría decir que es una cobertura pensada más para los profesionales, ya que las sanciones de este tipo suelen ser las más cuantiosas, y a las que siempre interesa recurrir, se tenga o no razón.

Normalmente esta cobertura no se contrata aparte, sino que viene incluida con alguna más, en algunas pólizas concretas, por lo que si el usuario no tiene claro qué póliza elegir, o en qué compañía, puede servir para inclinar la balanza hacia una u otra.

Si la misma Autoridad que impone la sanción es la que luego dicta la sentencia en firme.

Si a los Tribunales de Justicia no merece la pena acudir ya que el desembolso en Abogado y Procurador será mayor que la sanción en sí.

Si la propia Administración se dota de medidas muy ventajosas a su favor para cobrarnos las deudas pendientes con ella.

Entonces, con todo esto, y salvo excepciones de defecto de formas, o bien en zonas donde no exista un equipo de funcionarios coordinado que haga que las sanciones prescriban, al final, se puede decir que la mayoría de las multas se ejecutan y el usuario las paga.

Así mismo, el no pagar una multa supondrá recargos legales (20%), mas los intereses de demora correspondientes.

Es decir, en la práctica, y en casi todas las ocasiones, no merece la pena pagar un suplemento por tener un servicio de recurso de multas que será ineficaz casi siempre.