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José María Ramírez Pomatta, el anterior presidente de Mutua Madrileña, sigue reclamando a esta aseguradora una pensión de más de 21 millones de euros y como la entidad se ha negado en redondo a ello, recurrió en su momento a los tribunales, que para algo es abogado, aunque con buen criterio ha preferido que sean otros colegas lo que lleven el asunto. La pasada semana tuvo lugar una audiencia previa en el Juzgado de lo Mercantil número 11 de Madrid, en la que los abogados del demandante aducen que la reclamación se ajusta a los estatutos sociales aprobados por la aseguradora antes de su cese, en enero de 2008. No piensan lo mismo los letrados de la aseguradora. Aducen que lo que no dicen los abogados del demandante es que en ese momento el consejo de la Mutua estaba en un régimen presidencialista, en el que el que se movía "no salía en la foto" y fueron varios los consejeros "despedidos con cajas destempladas" por no estar de acuerdo con esa actitud del presidente o simplemente por "no aplaudir las ocurrencias del jefe". Y a partir de esos ceses fulminantes de consejeros, fue cuando Pomatta acordó el cambio retributivo de los miembros del consejo de la Mutua, que hasta ese momento no cobraban. Pomatta cambió la fisonomía de la Mutua, modernizó la compañía que, como dicen sus abogados, "pasó de ser regional y monoproducto a ser una empresa de actividad nacional y multiproducto", y además la hizo ganar mucho dinero. Fueron años de "vacas gordas" en la Bolsa y la mayoría de las inversiones -Banco Popular, Banco Santander, Inmobiliaria Colonial, Sacyr, ACS- dieron grandes beneficios atípicos, sobre todo para una aseguradora. Pero sí, no se puede negar que "la flauta sonó". Lo que cabe preguntarse es dónde estaría ahora la aseguradora si Pomatta hubiera seguido al frente de la misma. Hay que tener en cuenta que fue cesado en enero de 2008, cuando todavía no se había desatado la crisis y que si la compañía hubiera seguido con esa política de inversiones y de gastos desmesurados (compras de compañías a precios de oro, gastos desproporcionados en patrocinios, adquisiciones inmobiliarias en el momento más caro del sector y otros gastos megalómanos, como esa pretendida macrociudad de la salud) habría que ver en qué situación se encontraría ahora mismo la compañía. La mayoría de los mutualistas y de los actuales dirigentes de la compañía coinciden en señalar que esas ganancias de las que tanto presume Ramírez Pomatta deberían haber repercutido en mayor medida en los clientes de la entidad, ya que no hay que olvidar el carácter mutual de la aseguradora. Por eso, la política de la compañía tras la era Pomatta es la dar un valor añadido a sus mutualistas y centrar en ellos su foco de actuación. Por eso, aseguran en la Mutua Madrileña, lo que pretende cobrar el ex presidente por su gestión resulta completamente desproporcionado y, sobre todo en tiempos de crisis como los actuales, resulta hasta "inmoral". Ramírez Pomatta accedió a la presidencia de Mutua Madrileña en 2002 y en 2004, bajo su mandato, fue cuando se cambió radicalmente la política tradicional de la entidad y el cargo empezó a ser retribuido. En diciembre de 2007, todos los miembros del consejo, a excepción de Ramírez-Pomatta, renunciaron a los derechos que eventualmente pudieran corresponderles en el futuro de acuerdo con el plan contemplado en los Estatutos. Por eso, para los abogados de la entidad, el ex presidente de la Mutua Madrileña actuó de manera "inmoral, absolutamente de mala fe y de forma contraria al interés de la compañía", para asegurarse una "jubilación dorada tras sólo tres años de ejercicio retribuido del cargo". El juicio se celebrará esta primavera, y puede ser jugoso, por lo que habrá que todavía esperar para saber a quien le darán la razón los tribunales.
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