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El apoyo logrado por Diego Murillo y el resto de consejeros de Agrupación Mutual Aseguradora (AMA) a su gestión al frente de la mutua ha vuelto a ser incondicional y sin fisuras por parte del máximo órgano de gobierno de la entidad, la asamblea de mutualistas. Los casi 200 mutualistas que acudieron la semana pasada a la madrileña sede de AMA respaldan y aprueban una gestión muy cuestionada por la Dirección General de Seguros, que atestigua presuntas irregularidades en el cobro de dietas por parte del Consejo de Administración, a los que ha impuesto severas sanciones económicas y la inhabilitación de sus cargos. Ahora bien, Carmen Rodríguez, presidenta del Colegio de Médicos de Asturias, puso sobre la mesa una de las claves en todo este entramado: ¿hasta qué punto un órgano político puede adoptar medidas que pasen por encima de lo aprobado por el máximo órgano de gobierno de una mutua? Es decir, si los consejeros de AMA han cobrado dietas de forma indiscriminada y ese modus operandi ha recibido el visto bueno de la asamblea general de mutualistas, ¿con qué legitimidad puede reprobar Seguros y su director general, Ricardo Lozano, estas decisiones? Además, las cantidades cobradas justifican el trabajo desempeñado por Murillo y su equipo durante más de cuatro años para convertir a la mutua de los profesionales sanitarios en el referente en el sector. No hay que perder de vista tampoco los intereses mercantilistas que puede esconder intervenir a una entidad con una cartera de mutualistas tan jugosa como es AMA, así como los perjuicios económicos que la decisión de Seguros está acarreando. Cuando se dilucide todo esto, alguien tendrá que responder por ello.
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