El Anteproyecto Ley de Contrato de Seguro

se llevara al Consejo de Ministros

Primera jornada del XXVII Congreso de Derecho de la Circulación (CDC'2011), celebrada en el Auditorio de Mutua Madrileña. Durante la primera ponencia sobre el hecho de la circulación, hizo especial referencia al incendio de vehículos y fue impartida por el abogado Gregorio Martínez Tello. Le siguió Santiago Hurtado, secretario general técnico del Ministerio de Justicia, habló sobre la situación actual de la tramitación de la nueva Ley de Contrato de Seguro, adelantando que probablemente se llevará al Consejo de Ministros.

Los accidentes de baja intensidad y la prueba en lesionados leves fue el tema de las ponencias de José Manuel Villar, director de Siniestros de Automóviles de Groupama Seguros y de Antonio Hurtado, perito médico experto en biomecánica. Plantearon cómo actuar ante los accidentes de baja intensidad que llegan a un proceso judicial, penal mayoritariamente, y qué parte le corresponde a cada uno de los actores para llegar al final que corresponde a cada supuesto. La sesión de mañana concluyó con la intervención de Pilar Domínguez, profesora de Derecho Civil de la Universidad de Castilla La Mancha, que habló de RC de la Administración en lesiones de motoristas y ciclistas por impacto con vallas o guardarraíles.

Por la tarde, la jornada comenzó con el análisis de la nueva regulación de la prescripción de las faltas en el Código Penal, a cargo de José Manuel Paúl de Velasco, presidente de la Sección IV de la Audiencia Provincial de Sevilla. Hizo especial hincapié en la polémica en los últimos años relativa a la interrupción de la prescripción entre el Tribunal Supremo y el Tribunal Constitucional, sobre todo, a raíz de la sentencia 63/2005, de 14 de marzo del Constitucional.

Par acabar esta jornada, el abogado Mariano Medina Crespo se refirió a las lesiones cubiertas por el Seguro Obligatorio de Viajeros (SOVI) y su compatibilidad con el Seguro Obligatorio de Autos (SOA). Sostuvo que dentro del SOVI deben indemnizarse las lesiones temporales, cuestión que la mayoría de la jurisprudencia de las Administraciones Públicas niegan.