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La reforma del Código Penal debe llevar a las entidades a revisar los condicionados de los seguros de Responsabilidad Civil debido a la aparición de nuevos escenarios de responsabilidad penal y civil directa. Es una de las conclusiones de la jornada para analizar las repercusiones de la entrada en vigor, el pasado 23 de diciembre, de la Ley Orgánica 5/2010 de 22 de junio, que incorpora la responsabilidad penal de las personas jurídicas ante determinados delitos cometidos dentro del ámbito empresarial. Según los organizadores de la jornada, que fueron Fundación Mapfre y AGERS, hubo coincidencia entre los ponentes “al considerar la necesidad de concurrencia de culpa por parte de la empresa para que pueda ser imputada por los nuevos delitos imputables a las personas jurídicas que se darán por omisión y requerirán ser realizados por orden, cuenta y en beneficio de la empresa y cuando esta carezca de un plan de prevención de delitos”. “Las experiencias recientes nos enseñan que las medidas de control en las organizaciones son necesarias pero no son suficientes, por ello deben posibilitar el control y la prevención de actuaciones delictivas en el seno de la organización”. Asistieron más de 200 personas, y participaron como ponentes Vicente Magro, presidente de la Audiencia Provincial de Alicante; Ana Emparanza, abogada de Davis Arnold Cooper; Eduardo Pavelek, experto en seguros de RC; Gonzalo Iturmendi, abogado y director del Bufete G. Iturmendi y Asociados y secretario general de AGERS; José María Elguero, subdirector de MARSH; Marta Grande, directora de ERM y Cumplimiento Normativo de AON; y José Antonio Badillo, jefe de Siniestros del Consorcio de Compensación de Seguros. La jornada fue inaugurada con la intervención de Filomeno Mira, presidente del Instituto de Ciencias del Seguro de Fundación Mapfre, y cerrada por Ignacio Martínez, presidente de AGERS.
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